(OSV News) — El gobierno nicaragüense ha extinguido la personalidad jurídica de más de 25 organizaciones católicas, incluyendo órdenes religiosas como los franciscanos, carmelitas y agustinos, otro capítulo diocesano de Cáritas, y grupos católicos laicos, como parte de un ataque a la sociedad civil con el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales.
Los cierres, anunciados el 19 de agosto por el Ministerio del Interior, afectaron a grupos religiosos y cívicos que iban desde iglesias protestantes al club Rotario, pasando por asociaciones de productores agrícolas e incluso la federación nacional de ajedrez.
Una fuente familiarizada con Nicaragua describió las acciones del 19 de agosto como “un esfuerzo extraordinario del Estado nicaragüense para aplastar a las organizaciones no gubernamentales de toda la sociedad nicaragüense.”
El ataque del régimen cada vez más totalitario del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, eliminó aún más los espacios cívicos fuera de su control, al tiempo que atacó nuevamente la libertad de culto.
El régimen ha cerrado al menos 5.000 organizaciones no gubernamentales y silenciado a los medios de comunicación independientes desde 2018, cuando manifestantes salieron a las calles para exigir la destitución del presidente, solo para ser recibidos con violencia por parte de la policía y los paramilitares.
Los cierres del 19 de agosto se dirigieron especialmente a congregaciones evangélicas, muchas de las cuales fueron descritas como modestas por medios de noticia independientes.
El asalto también continuó en las organizaciones católicas, poniendo entre las órdenes religiosas canceladas: los Frailes Menores Capuchinos, las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, los monjes y monjas agustinos, las Misioneras Mercedarias de Berriz, la Asociación de Hermanas Trapenses, y los Hermanos de la Caridad.
Un par de ministerios salesianos fueron cancelados: la Asociación de Salesianos de Nicaragua y la Asociación de Damas Salesianas. Otras organizaciones católicas que están perdiendo su personalidad jurídica son las Misioneras Catequistas Lumen Christi, la Asociación San Pío y la Asociación de Comunidades Eclesiales de Base.
EL gobierno también cerró la sede de Cáritas en la Diócesis de Granada. Este cierre se suma al del 12 de agosto en la Diócesis de Matagalpa, presidida por el obispo Rolando Álvarez quien vive en el exilio. La fuente que habló con OSV News describió el cierre de los capítulos de Cáritas como un ataque ya que el régimen “no quiere que nadie más que el Estado o cualquier persona que ellos consideren confiable preste servicios a la ciudadanía.”
El Ministerio del Interior alegó que los 1.500 grupos no gubernamentales que perdieron sus registros no habían informado adecuadamente de sus estados financieros “por períodos de entre 01 y 35 años”, además de obstaculizar su “control y vigilancia” de dichas organizaciones. En la práctica, el Estado nicaragüense confisca habitualmente los bienes de los grupos no gubernamentales que pierden su personalidad jurídica.
El cierre de tantas iglesias y organizaciones eclesiásticas – evangélicas y católicas – puso de relieve la supresión de la vida religiosa bajo el régimen sandinista de Ortega.
Una declaración del 19 de agosto del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos describía las iglesias evangélicas como “los últimos espacios donde los nicaragüenses se pueden reunir, por lo que las ONGs que quedan aún ejercen la libertad de asociación de una forma mínima”.
Por su parte, el grupo de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más informó de que al menos 21 pastores evangélicos han sido exiliados, mientras que a tres se les negó la entrada al país. Ha contabilizado las cancelaciones legales de unas 420 organizaciones cristianas.
Las congregaciones evangélicas de Nicaragua habían sido percibidas como menos francas en sus críticas del gobierno y como entidades que no atraían la ira del régimen hasta hace poco.
Las iglesias católicas han sido espiadas durante mucho tiempo, según las fuentes, y los sacerdotes han tenido que vigilar sus palabras, incluso durante las homilías. El régimen también ha prohibido las expresiones de fe, cerrando medios de comunicación católicos, cancelando proyectos de caridad de la Iglesia y deteniendo procesiones y celebraciones patronales fuera de las propiedades de la Iglesia.
Martha Patricia Molina, una abogada exiliada que monitoriza las agresiones contra la Iglesia católica nicaragüense, ha contabilizado 9.688 intentos de frustrar procesiones y actividades religiosas desde abril de 2018.
Su último informe sobre la persecución eclesiástica se hizo público el 15 de agosto y en él se documentaba que 143 clérigos – entre ellos un nuncio, tres obispos, 136 sacerdotes y tres diáconos – 11 seminaristas y 91 monjas no podían trabajar en Nicaragua y habían tenido que huir del país, o estaban exiliados a la fuerza o simplemente por se les había denegado el reingreso tras viajar al extranjero. Los sacerdotes y obispos exiliados fueron enviados a Estados Unidos o al Vaticano.
Al menos 14 católicos laicos se encuentran actualmente encarcelados por motivos religiosos, declaró Molina al medio de comunicación Confidencial. Más carencias han diezmado diócesis como las de Matagalpa y Estelí – ambas encabezadas por el obispo Álvarez – junto con la Diócesis de Siuna, de donde fue exiliado el obispo Isidoro Mora. Tanto el obispo Álvarez como el obispo Mora fueron desterrados en enero al Vaticano, junto con otros 17 eclesiásticos.
La Diócesis de Matagalpa ha perdido más del 80% de sus sacerdotes, según Molina, mientras que las diócesis de Estelí y Siuna han sufrido importantes pérdidas de clero.
“Como no hay sacerdotes en la zona, son los laicos los que están asumiendo ciertas funciones, como celebrar la palabra o visitar a los enfermos para llevarles la comunión,” dijo Molina.
La cancelación de 1.500 ONG se produjo mientras otros dos sacerdotes se exiliaban en el Vaticano. Los padres Leonel Balmaceda y Denis Martínez fueron enviados a Roma el 17 de agosto, según medios independientes nicaragüenses.
La Compañía de Jesús, que fue expulsada de Nicaragua en 2023, emitió una declaración al cumplirse un año de la confiscación de su prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA) y su posterior reapertura como institución de alineación sandinista, en la que pide al gobierno que “cese la represión, deje de estar cometiendo sistemáticas violaciones a los derechos humanos, libere a los presos políticos.”
La declaración del 15 de agosto de la provincia centroamericana de los jesuitas continuaba instando al gobierno a que “acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, la libertad de cátedra y el respeto al estado de derecho.”